Prof. José Manuel Jiménez: «El comisariado de los Heraldos fue una sucesión de disparates canónicos desde el primer día»

El autor del libro sobre el comisariado de los Heraldos explica las irregularidades del proceso

El Prof. Dr. José Manuel Jiménez Aleixandre nació en Ceuta, el 26 de enero de 1952. Cooperador de la Sociedad Cultural Covadonga desde 1973 y socio de la TFP brasileña desde la década de 1980, también formó parte de los Heraldos del Evangelio, como miembro, desde su fundación en 1999 y de los hermanos capitulares de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli, desde su constitución en 2005. De libre y espontánea voluntad, solicitó el indulto para dejar esta última institución en 2021, perplejo ante las constantes y arbitrarias violaciones del derecho ocasionadas por el comisariado. Obtuvo el doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás (Angelicum, de Roma), y es profesor titular de Derecho Canónico en el Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino.

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Como testigo de los bastidores de la intervención vaticana sobre los Heraldos del Evangelio, es el principal miembro de la comisión de esta asociación que ha escrito el libro-denuncia “El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Crónica de los hechos. 2017-2025. Sancionados, sin diálogo, sin pruebas, sin defensa”. Infovaticana lo entrevista en exclusiva.

Desde su experiencia como canonista, ¿hasta qué punto las medidas que se han ido tomando contra los Heraldos del Evangelio se apartan de la práctica y la teoría del derecho canónico?

Lo más sorprendente del «caso Heraldos» —y que fue precisamente lo que nos motivó a mí y a otros colegas a formar la comisión de trabajo que ha escrito el libro El Comisariado de los Heraldos del Evangelio— es constatar que, desde el primer momento de la intervención del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica contra los Heraldos del Evangelio, que fue la visita apostólica, se vienen pisoteando sin escrúpulos los principios más elementales del derecho canónico. Esta situación ha ido agravándose a lo largo de los seis años de comisariado en los que, me duele decirlo, se han cometido todo tipo de abusos. Gracias a Dios, durante ese tiempo fuimos recopilando toda la información y documentación, lo que nos ha permitido reconstruir la crónica de los hechos de manera objetiva. Por brevedad, me limitaré a enumerar solo algunos de estos abusos, invitando a los lectores a profundizar en el tema con la lectura del libro.

La visita apostólica que, según el derecho, tiene el carácter de una investigación previa motivada por la noticia verosímil de algún delito, en el caso de los Heraldos del Evangelio fue precedida por un decreto tan amplio e indefinido que, en la práctica, acusaba a todos y cada uno de los miembros de la institución como sospechosos. Un agravante de todo esto es que la visita se inició en medio de un gran revuelo publicitario internacional contra la institución, con fuertes indicios de haber sido promovido directamente por agentes del Dicasterio, quienes, al filtrar la noticia, comprometieron la buena reputación de la institución y de sus miembros, provocando daños incalculables.

Lo más sorprendente es que los propios visitadores afirmaban no tener conocimiento de cuál era la «información preocupante» que, según el Dicasterio, motivaba esta visita. Aún más grave fue la forma totalmente parcial en que se desarrolló, ofreciendo espacios privilegiados de escucha a los detractores de la institución, pero haciendo oídos sordos a los exmiembros simpatizantes, configurando así una clara afrenta al principio audiatur et altera pars. Para resumir mucho esta parte, vale la pena mencionar que uno de los visitadores recibió por carta una reprimenda del Dicasterio porque no había encontrado información negativa… Pues bien, éste y otros indicios apuntan a que la visita apostólica fue una mera formalidad para dar un barniz de legalidad a una futura intervención decidida de antemano y que, efectivamente, comenzaría un año después con el comisariado.

En cuanto al comisariado, desde el primer día fue una sucesión de disparates canónicos que me limitaré a enumerar para no hacer esta respuesta demasiado tediosa: con total indiferencia hacia los resultados positivos de la visita apostólica, el comisariado comienza con la entrega extraoficial de su decreto para justificar la difusión de una nueva noticia sobre la intervención en Vatican News —totalmente innecesaria— y propiciar una nueva campaña mediática. Ese mismo decreto era en sí mismo inválido, al pretender comisariar una institución inexistente, es decir, una asociación pública, que no es nuestro caso.

Sin embargo, en lugar de elaborar un nuevo documento, tuvieron el atrevimiento de modificar el primero, lo que constituye, de entrada, una alteración de documento público. Poco después, el Sumo Pontífice es instado a ratificarlo con una aprobación específica. Presionados por amenazas, los Heraldos fueron coaccionados a aceptar semejante situación. A continuación, los comisarios trataron de actuar más allá de las atribuciones del decreto, siendo necesario recurrir siempre a la ley canónica para evitar atropellos mayores. Después vino una seguidilla de despropósitos: se quiso forzar una serie de subversiones sin ningún diálogo y pasando por alto el derecho, hubo permuta irregular de cargos, presión sobre personas en estado de invalidez, cancelación unilateral de ordenaciones sacerdotales y diaconales totalmente arbitraria y contraria a los cánones, intentos de estrangular el crecimiento de la institución, impidiendo la acogida y la formación de jóvenes vocaciones, negación de las raíces carismáticas de la institución, modificación unilateral y furtiva del proyecto de nuevas constituciones y estatutos ya aprobados por consenso, bloqueo draconiano del proceso final para cerrar el comisariado… ¡hasta amenazas e incluso agresiones físicas! ¿Todo esto parece exagerado? Le aseguro que estoy siendo muy parco al relatar todo lo que ha sucedido.

La gravedad de estos procesos es tal que, en nuestra obra, hemos querido incluir un extenso apéndice jurídico-canónico, en el que figuran doce informes con el registro detallado de los hechos que podrían tener implicaciones legales canónicas y su valoración a la luz del derecho. La lista de posibles delitos canónicos, que solo una autoridad competente podrá dirimir, es extensa e incluye: falsificación o alteración de documento público, inducción a error al Sumo Pontífice, abusos reiterados de autoridad, usurpación de oficio, conductas tendentes a interferir o eludir investigaciones canónicas contra sextum, restricción del derecho de defensa, fraude procesal, violación del sigilo, calumnia y difamación, complicidad, parcialidad, etc. La lectura de esta secuencia puede parecer exagerada, pero, lamentablemente, no lo dice todo. En la práctica, solo faltó la disolución sumaria de la institución…

¿Qué espera tras la publicación de este libro?

Antes de responder, quiero subrayar que, aunque este libro pueda parecer polémico, solo contiene una narración objetiva de los hechos, a menudo analizados a la luz del derecho canónico. Por lo tanto, no se trata de presentar opiniones o preferencias, sino solamente realidades cuidadosamente documentadas. Como se dice en la introducción, todas las afirmaciones del trabajo están respaldadas por documentos, muchos de los cuales no revelamos por decoro o brevedad.

Por lo tanto, tras ocho largos años de intervención, los autores de este libro pretenden abrir los ojos de quienes lo lean ante la flagrante injusticia que viene sufriendo nuestra institución. Los Heraldos, acusados en los relatos de supuestas víctimas, se han convertido en las verdaderas víctimas durante todo este tiempo. De hecho, la inexplicable prolongación del comisariado ha generado muchas sospechas en las personas que nos siguen y confían en la institución. Era necesario y una obligación moral ofrecer las debidas y necesarias aclaraciones. Durante años hemos guardado un silencio respetuoso, pero se ha llegado a un punto en el que, para preservar la buena fama de la institución y de sus miembros —y, por qué no decirlo, para proteger la buena reputación y la imagen de la propia Iglesia católica—, nos hemos visto obligados a manifestarnos.

Que quede claro que esta obra no es un acto de desobediencia ni, mucho menos, una rebelión contra la autoridad eclesiástica. No se puede llamar «obediencia» a la aceptación de acusaciones falsas y gravemente difamatorias, sobre todo cuando no están en juego intereses individuales, sino una institución dedicada exclusivamente al servicio de la Iglesia, en particular en este difícil momento histórico. Al fin y al cabo, el derecho a la defensa es inherente al orden natural de las cosas.

Hay que tener en cuenta, además, que esta enorme injusticia ya ha causado graves perjuicios, como el caso de los casi treinta diáconos que, arbitrariamente, no pueden ser ordenados, lo que les impide prestar mayores servicios a la Iglesia allí donde ella misma nos lo exige. Son siete grupos de seminaristas cuya formación ha concluido y que no han podido ser ordenados diáconos; miembros de ambas Sociedades, impedidos de realizar votos perpetuos o temporales, relegados a un limbo jurídico; estudiantes cuya vida académica se ha visto perjudicada por decisiones arbitrarias; adolescentes, y sus respectivas familias, cuyas aspiraciones se han visto truncadas con la suspensión del proyecto educativo de los Heraldos; más de doscientos aspirantes que llevan cinco años esperando ser admitidos en los Heraldos del Evangelio como asociados, cuando el plazo máximo es de dos años; jóvenes vocaciones sin rumbo que oscilan entre el ingreso y la permanencia en el mundo, debido a la inestabilidad del estatus canónico de la institución; cientos de colaboradores de los Heraldos que no pudieron ser admitidos. A esto se suma la buena reputación dañada por la sucesión de denuncias calumniosas y difamatorias, así como los innumerables procesos judiciales forjados artificialmente y la publicidad deshonesta e interesada que se les ha dado, aunque todos ellos concluyeron con fallo favorable a los Heraldos. También está el perjuicio económico que, si incluimos los gastos en abogados, asciende a varios millones de euros. ¡Se han sobrepasado todos los límites! Si hubiera algún error formal, ya sea doctrinal, moral o canónico, seríamos los primeros en desear la enmienda, pero esta corrección debe basarse en hechos concretos y verdades objetivas, y esto nunca nos ha sido revelado. ¿Por qué será?

Así pues, nuestras esperanzas se resumen en que se haga justicia y se repare de forma justa los daños sufridos. Que la Santísima Virgen ilumine a aquellos que pueden hacerlas efectivas.

Fuente: Infovaticana

Otros enlaces de interés:

Nota de Prensa sobre el libro «El Comisariado de los Heraldos del Evangelio»

Sobre el libro «El Comisariado de los Heraldos del Evangelio»

Podcast El Comisariado de los Heraldos del Evangelio como NUNCA te lo han contado: ¡Descubre la verdad!

El libro “El Comisariado de los Heraldos del Evangelio” en versión E- Book

Cardenal Damasceno: Presiones, silencios y maniobras en el caso de los Heraldos del Evangelio

Simona Brambilla: figura clave detrás del bloqueo al comisariado de los Heraldos del Evangelio

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